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Ley de protección a la infancia y adolescencia

LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA ¿AFECTA A LAS ENTIDADES QUE TRABAJAMOS CON MENORES LA OBLIGACIÓN DE SOLICITAR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES?

El pasado 28 de Julio de 2015 se aprobó una Ley que modificaba otras Leyes relativas a la infancia (Ley 26/2015 de 28 de Julio). Entre las nuevas medidas aprobadas, una afecta especialmente a todas aquellas entidades que trabajamos con infancia y adolescencia. Es la obligación de quien trabaje con menores de acreditar que no han sido condenados por delitos relaciones con menores.

Aquí vamos a analizar la medida y, sobre todo, ver si las entidades debemos tomar medidas inmediatas para cumplir con la ley o deberíamos esperar al desarrollo de la norma. Vamos a empezar...

El contenido legal

La citada Ley, modifica ciertos preceptos de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. El que vamos a ver es el apartado 5º del artículo 13 que queda redactado de la siguiente forma:

“5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.”

¿Existe ya el Registro Central de delincuentes sexuales?

No. La Ley ha establecido que hay que crearlo en un plazo de seis meses y que se tiene que desarrollar reglamentariamente. En principio en febrero del 2016 dicho registro tendría que estar creado y contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN.

Durante este período la Ley establece que el certificado negativo se podrá solicitar en el Registro Central de antecedentes penales.

¿Cuál es el problema jurídico que se ha planteado?

Se han creado dudas acerca de su alcance porque pueden chocar contra otras normales legales como el derecho a la intimidad y la protección de datos de los trabajadores. ¿Cuál prevalece? Obviamente la mayoría pensamos que la protección al menor, pero jurídicamente no es tan sencillo. En principio el Registro Central de antecedentes penales emite certificado de antecedentes por TODOS LOS DELITOS que se hubieran podido cometer (no solamente los de índole sexual) y por tanto presentar ese certificado podría vulnerar el art.18 de la CE sobre el derecho a la intimidad. Por tanto, tendremos que esperar a que ese Reglamento aclare las dudas que ha generado la Ley y, sobre todo, que explique cómo deben adaptarse las entidades a la medida.

¿Y mientras tanto?

La pregunta es simple: ¿debemos exigir a nuestros trabajadores/as y voluntarios/as dicho certificado? Pues tenemos dos posibles respuestas:

: La Ley ha entrada en vigor y, por tanto, los que trabajen con menores tienen que acreditar que no han cometido delitos relacionados con menores. Pero ¿cómo? Pues solicitando el Certificado de Antecedentes Penales “general” y entregando a la entidad su contenido, sabiendo que dicho contenido será más amplio que el que la ley exige.

NO: El Certificado que exige la Ley no se ha creado todavía y no es posible pedirlo. De hecho se habla de un plazo de 6 meses para crear el Registro. Además, la Ley habla de que será el Gobierno quien en forma de Reglamento desarrolle el contenido de la Ley y, por tanto, su alcance. Aunque la propia Ley establece la posibilidad de que se solicite en el Registro Central, dicho registro no emite un certificado específico y el certificado que emiten es general y podría vulnerar el derecho a la intimidad de nuestros colaboradores.

Entonces ¿Qué hacemos en nuestra entidad?

Ambas respuestas tienen sus defensores y sus detractores, y ambas respuestas tienen fundamentación jurídica en favor y en contra. Al final tendría que ser un Tribunal quien interpretaría el alcance de la norma en este período en el que no existe desarrollo reglamentario.

En nuestra opinión, si tenemos que elegir, os diríamos que sí solicitéis desde ya el certificado, siendo sensatos y respetando siempre la confidencialidad de los datos que nos van hacer llegar. Creemos que si ponemos en la balanza las dos opciones, como entidad nos resulta más seguro cumplir con la Ley aún a riesgo de poder encontrarnos con algunos aspectos dudosos. Ponemos por encima el interés supremo del menor con el que vamos a trabajar.

¿Dónde lo pedimos y a quién?

La solicitud del certificado la tiene que hacer el interesado/a ante el Ministerio de Justicia link

Debemos exigir el certificado a todos los que tengan o vayan a tener relación con los menores en la entidad. En el caso de las organizaciones sociales esta obligación afecta a los trabajadores/as, a los voluntarios/as y a los profesionales que aunque no tengan relación laboral con la entidad presten servicios a la misma (psicólogos, logopedas etc). Hay que pedirlo a las nuevas incorporaciones pero también a todos aquellos que ya están con nosotros.

Para terminar, recordad que todos aquellos que trabajamos con menores ,y desde el ámbito que a cada uno le corresponda, debemos estar atentos e informarnos sobre esta ley y su desarrollo reglamentario porque afecta directamente a los niños y niñas con los que trabajamos.

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